JAQUE MATEVíctima oficiosa
“Es mejor arriesgar que se salve un
culpable que condenar a un inocente”.
Voltaire
PLAYA DEL CARMEN.- En la madrugada del 9 de septiembre de 2009 un grupo de militares encapuchados irrumpió de manera violenta en el apartamento de Ana Georgina Domínguez Macías en Coatzacoalcos, Veracruz. Pese a no mostrar orden de cateo o aprehensión, destrozaron la vivienda frente a ella, su esposo y sus dos pequeños hijos. Dijeron que habían recibido una denuncia anónima. Golpearon y vendaron los ojos a la pareja, a la cual después se llevaron. El esposo fue abandonado en una carretera con amenazas de muerte. A ella la golpearon, la sometieron a abusos sexuales y la fotografiaron desnuda. Después la presentaron como la “contadora” del Cártel del Golfo.
Las acusaciones eran inverosímiles. La Güera, o la Conta Gina, era una mujer de unos 45 años, contadora. Georgina tenía 26 y había abandonado sus estudios en la secundaria. Una “testigo colaboradora” la había incriminado, pero después se desdijo de sus acusaciones. Según el testimonio, Georgina había hecho una entrega de dinero a criminales el 15 de abril de 2009, pero la joven madre había sido intervenida quirúrgicamente un día antes, como ha señalado la periodista Lourdes Mendoza en El Financiero.
Los cargos fueron enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. Los tribunales ya la absolvieron del primero, pero continúa encarcelada, sin sentencia, por el segundo. El próximo 9 de septiembre se cumplirán 13 años de haber estado privada de la libertad en prisión preventiva oficiosa.
El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández declaró este 25 de agosto que si los ministros de la Suprema Corte declaran la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa se “estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este país, y yo creo que esto no lo merecen los mexicanos”. En realidad, el secretario no está haciendo más que mostrar su disciplina ante el presidente López Obrador, quien ha afirmado que eliminar esta figura solo promueve la “impunidad y corrupción”. El coro está bien ensayado: la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha declarado que abolir la prisión preventiva implicaría un problema general de seguridad, pero, sobre todo, “representaría un problema de seguridad para las mujeres de la ciudad”.
Pero ¿qué estrategia de seguridad puede depender del encarcelamiento de inocentes? ¿Por qué podrían las mujeres sentirse más seguras si saben que pueden ser encarceladas durante 13 años por delitos que no solo no cometieron, sino que resultan inverosímiles?
El encarcelamiento de Ana Georgina en 2009 es un ejemplo lastimoso de los males de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, la cual continúa, con sus detenciones de inocentes por un Ejército que no estaba, ni está, preparado para actuar como policía. El que casi 13 años después esta mujer siga en la cárcel, pese a la falsedad patente de las acusaciones, es prueba de la perversión de la prisión preventiva oficiosa.
Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esta figura viola los derechos humanos al encarcelar a inocentes y no respetar la presunción de inocencia. Esperemos que cuando menos ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia resistan ahora la presión del gobierno y borren la prisión preventiva oficiosa de la Constitución. Mientras eso ocurre, sin embargo, los tribunales deben liberar ya a Ana Georgina, víctima oficiosa de la guerra contra las drogas, los testigos colaboradores, el Ejército metido a policía y la prisión preventiva.
· DISTRIBUCIÓN
AMLO presumió que en 2018 los mexicanos más ricos eran 18 veces más prósperos que los más pobres, pero que en 2020 esta proporción bajó a 16: “Se trata de una mejor distribución del ingreso”. No aclaró que, pese a que subió 1.3 por ciento el ingreso del decil más pobre, bajó el ingreso del 90 por ciento de los mexicanos.
