BRECHANDOLOS RESPONSABLES
La crisis de corrupción e impunidad que vivimos los mexicanos en todo el país, en primer lugar, es responsabilidad de los presidentes, gobernadores, ahora fiscales y miembros del poder judicial.
En Sinaloa, por más que diga y repita el gobernador Rubén Rocha Moya, que la fiscalía general de Sinaloa es autónoma, ante los ciudadanos él también es responsable de la violencia e impunidad.
A esta lista de responsables hay que agregar a los alcaldes de los 18 municipios, que se lavan las manos y se olvidan de que la prevención es su tarea.
La pregunta es porque el 93.7 de los delitos que no fueron denunciados, que no generó una investigación, la respuesta para los ciudadanos es muy sencilla, porque los ciudadanos no le tienen confianza a las autoridades estatales y federales.
El sistema de seguridad pública en Sinaloa y en México sigue siendo de detenciones en flagrancia y no en investigaciones.
La gran deuda que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de los gobernadores de Morena en el país, es atender el problema de la violencia y la inseguridad.
Las fiscalías dejan mucho de qué desear, empezando por la fiscalía general de la República, que es desesperante el tortuguismo, las investigaciones, pero también las actitudes parciales o corruptas de quienes integran estas instituciones.
El caso ejemplo son las denuncias hechas por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, que no se han profundizado, tampoco se ha dicho si hay acciones en contra de los expresidentes responsables.
En otras denuncias contra exgobernadores como Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán, contra Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, contra el que existe una orden de aprehensión y los ciudadanos no tienen una explicación de la fiscalía y tampoco de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es evidente que en esos lugares hay pudrición, hay gente corrupta que está trabajando para la delincuencia con la que gana mucho dinero.
El “resultado” en estas dependencias no se ve, como tampoco vemos que el Congreso del Estado sea exigente con la fiscalía estatal y que el Congreso de la Unión sea existe con el fiscal en México, nada de eso vemos los mexicanos.
Y si vemos como “senadores, diputados y gobernadores se lavan las manos” con justificaciones, cuando la fiscal de Sinaloa la puso Rocha y el fiscal en México lo puso, Andrés Manuel López Obrador.
La transformación de las fiscalías se nos dijo en el 2008 que era necesario hacer un cambio “democrático”, transformar el sistema acusatorio para hacerlo más adecuado a los principios de transparencia, presunción de inocencia, equidad, oralidad, control de producción de pruebas y muchas otras cosas que no se han realizado en la práctica de la impartición de justicia.
La realidad es que los ciudadanos siguen sin ver la diferencia que hay entre las viejas procuradurías y las fiscalías, en muchos de estos lugares siguen trabajando los mismos con los viejos vicios y sistemas de corrupción.
Y si Morena quiere lograr un cambio, una auténtica transformación como lo repite incansablemente, tiene que empezar a trabajar con sus gobernadores, con sus diputados y senadores para hacer que este cambie.
El gobernador no puede “lavarse las manos” y decir es qué es un asunto de la fiscalía, pero el gobernador es el representante de los ciudadanos sinaloenses y el presidente de los mexicanos del país.
Es una realidad, sino se atiende el tema de la violencia y la impunidad, los cambios de estos gobiernos pasarán de noche, ojalá y les caiga el veinte a los de Morena, que son los que gobiernan.